Hará Nuevo León peritaje externo al sistema del Metro



Hernán Villarreal, secretario de Movilidad, afirma que se investigarán grietas en viaductos y trabes, además de baja potencia en trenes y otras anomalías

El gobierno de Nuevo León alista un peritaje externo al Metro, con el fin de tener certeza del grado de riesgo con el que opera dicho sistema colectivo de transporte, el cual ha presentado grietas en columna, viaductos y trabes.

De igual forma se buscará esclarecer las irregularidades como la polémica compra de sujetadores de tamaño incorrecto que realizó la anterior administración.

INFO7 publicó desde el 2018 que casi 90,000 sujetadores con un costo global de más de $300 millones de pesos estaban defectuosos por lo que se tuvieron que ajustarse, mientras que desde el 2019 también empezó a darse a conocer las grietas en los viaductos.

La auditoría la detallará el gobernador de Nuevo León, Samuel García, posiblemente hoy o en el transcurso de la semana, dijo el secretario de Movilidad y Planeación, Hernán Villarreal Rodríguez.

Dicho peritaje lo hará una compañía externa con la finalidad de que sea un ente ajeno al gobierno el que diga cómo dejó el sistema la administración de Jaime Rodríguez Calderón.

“El Metro vamos a hacer una auditoría, vamos a trabajar en hacer una auditoría, se va a estar trabajando en eso, en hacer una auditoría técnica, un peritaje.

“Precisamente para eso es la auditoría, para que nos digan exactamente qué nivel de riesgo hay y todo eso, pero sí necesitamos una auditoría externa para estar más tranquilos”, afirmó el funcionario.

Y es que desde el 2018, INFO7 ha publicado diversas anomalías sobre el Metro como por ejemplo la compra, en dos exhibiciones, de más de 90,000 sujetadores para la Línea 1, por los que se pagaron $305,000 millones de pesos a pesar de que no cumplían con especificaciones técnicas lo que, según expertos, pone el riesgo a los pasajeros.

Dichos aditamentos que sirven para anclar los rieles del Metro con el viaducto, presentaban un “juego” o deficiencias de tres milímetros, lo cual provocaba vibraciones y el riesgo de desprendimiento. La Auditoría Superior del Estado estableció en 2019 que la compra fue irregular por lo que pedía que se fincaran responsabilidades.

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