Fiscalía extiende investigación en la Secretaría de Educación



Solicita Ministerio Público cuentas de 12 funcionarios que participaron en desfalco de $165 millones de pesos en compra de equipamiento que nunca se entregó

La Fiscalía de Justicia de Nuevo León extendió sus investigaciones penales en contra de la exsecretaria de Educación, María de los Ángeles Errisúriz, y su equipo, pero ahora por el desfalco de $165 millones de pesos cometido en el programa de equipamiento de robótica para clases en línea en escuelas primarias.

El Ministerio Público solicitó ahora cuentas por el contrato hecho con la empresa beneficiada de nombre INF MKT SA de CV.

Ayer, INFO7 publicó que el órgano pidió a la actual secretaria de Educación, Sofialeticia Morales, informar sobre el estatus laboral y cuentas bancarias de siete funcionarios y exfuncionarios en el caso de 400 aulas móviles que resultaron “fantasmas”.

Y ahora, a esta solicitud se suma la petición de la misma información, pero de 12 personas que participaron en la licitación para la adquisición del Programa Integral para el Desarrollo de Habilidades Tecnológicas por Medio de Plataformas Tecnológicas, robótica, Dirigido a Escuelas de Nivel Primaria.

En este contrato, que se dio a la compañía INF MKT SA de CV, se incluía la plataforma para el aprendizaje en línea y equipamiento, el cual según la denuncia no se realizó conforme a lo pactado, tal y como se detalla en el informe de una auditoría.

Lo peor es que, de acuerdo con la querella, al menos siete personas de las que se enlistan estaban encargadas del proceso, siguen trabajando para la dependencia.

Tal es el caso de Nancy Maribel Reséndiz Salcedo, exdirectora jurídica, quien ahora funge como jefa de prefectos de secundaria; Carlos Gómez Peña, abogado encargado de Licitaciones y Contratos; Ana Elsa Mónica Villarreal Mier, directora de Administración Financiera y Contabilidad; Juan Enrique González Pérez, titular del Staff Jurídico de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios.

También siguen dentro Jesús Manuel Rosales Cázares, encargado del almacén de Recursos Materiales; Víctor Hernández, coordinador de Control Patrimonial y Servicios; y Carlos Peña Arechiga, abogado encargado de Licitaciones y Contratos.

“Por medio del presente, dentro de la carpeta de investigación citada al rubro, y en atención de las labores de investigación con las que cuenta esta representación social, solicito a usted, de no haber inconveniente legal alguno informe si estos ciudadanos se encuentran actualmente laborando en la institución a su cargo, de ser así se sirva señalar los puestos que ocupan, la antigüedad de los mismos, así como los previos a este, de igual manera.

'Ahora bien, de ya no laborar para la institución que representa, solicito se sirva a informar, los mismos datos antes aludidos, así como la fecha de separación del cargo, el motivo de la misma, el finiquito y demás primas atendiendo a sus derechos laborales, que hayan recibido, las cuentas bancarias en las cuales hayan sido depositadas, así como la cuenta en la cual se le realizó el respectivo depósito del pago de su salario de manera quincenal o mensual según sea el caso', se lee en el oficio de la Fiscalía.

En el oficio se pide además los datos de Alejandro Gabriel González Martínez, exsubsecretario de Planeación y Finanzas; Francisco Javier Hermosillo Diaz, exdirector general de Administración y Finanzas; Antonio Huitrón Rivera, exdirector general de Planeación y Coordinación Educativa; Ángel Guadalupe López Iracheta, exdirector de Recursos Materiales y Servicios; y Walter Alejandro Araujo de Luna, exdirector de Informática, quienes se señala como parte de los responsables de verificar que se cumpliera con lo pactado dentro de la licitación. 

Con información de elhorizonte.mx

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