En plena campaña, candidatos podrían ir a la cárcel

Desvío de apoyos sociales para promoción política es desde ahora un delito federal y que amerita prisión preventiva oficiosa

| 26/10/2020 | ionicons-v5-c12:46 | - Andrea Rodríguez |

Nuevo León.- Una reciente reforma establece que ahora los delitos electorales son considerados graves y hasta pueden ser motivo de prisión preventiva oficiosa.

Esto quiere decir que los candidatos deben ‘‘pensarla dos veces’’ antes de violar la ley, pues pudieran ser llevados a la cárcel incluso durante la campaña y mientras se lleva a cabo el juicio.

El endurecimiento de la ley se terminó de aprobar el pasado 14 de octubre en la Cámara de Diputados tras un largo proceso que incluyó la homologación de las leyes en los estados.

El artículo 19 de la Constitución ya observa como delito grave el “uso de programas sociales con fines electorales”

por lo que le otorga facultades a un juez para ordenar la aprehensión incluso de un candidato que haya incurrido en este.

“El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos… uso de programas sociales con fines electorales”, dice el articulado.

En tanto, el artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales indica que se aplicará de tres a ocho años de prisión y multa de $52,129 pesos a quienes utilicen fondos, servicios o beneficios de programas sociales para encauzar el voto a favor de un candidato o obligar a participar en algún acto proselitista.

 

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El artículo 11 de dicha ley es el que castiga con hasta nueve años de prisión y multas de $86,880 pesos a los funcionarios que usen los programas para “posicionarse”.

La primera reforma se aprobó el 12 de abril de 2019 en la Cámara de Diputados, luego pasó al Senado, donde el 10 de julio de 2019 se establecieron las penas y, finalmente, el pasado 14 de octubre regresó al pleno de la Cámara baja para darles el aval final.

“Antes los delitos electorales no eran sancionados y ahora sí. Antes todo mundo hacía actos anticipados de campaña y no les hacían absolutamente nada, hacían promoción de imagen personal’’, dijo la diputada federal de Morena Guillermina Alvarado, cuya bancada promovió la reforma.

Alvarado señaló que incluso se puede detener a un candidato que esté en plena campaña si hay elementos para presumir que usó los programas sociales o recursos públicos para su beneficio.

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