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Olivia Martínez Valenzuela
Política

Fraudes impunes

Sábado 05 de Agosto 2017

No se necesita mucha ciencia para concluir que cuando hay un fraude y no se castiga es porque las partes obligadas a investigar y a sancionar se hacen de la vista gorda o en el peor de los casos están coludidas: este es el caso del negocio Link Services, que ha defraudado a cientos de regios a los que engancha con la promesa de gestionarles créditos, beneficiándose de la inacción y apatía oficial.

Ese negocio, muy conocido en la metrópoli, ha estado haciendo su minita de oro robando los enganches de los clientes y el alegato o tecnicismo para hacerlo es que es el dinero que les hurta es su comisión por los supuestos costos de gestión.

Los clientes recurren a ellos para un crédito, la empresa les hace creer que en los trámites para accesar a un préstamo financiero o automotriz no se revisará su historial crediticio, es decir, que no indagarán en el Buró de Crédito, cosa que para empezar no tendrían por qué hacer debido a que no son legalmente una empresa financiera, ni tampoco prestan dinero, sino que sólo son gestores, intermediarios o de plano vulgares coyotes dedicados a la transa, al fraude y a la corrupción.

Este es el modus operandi del fraude:  cuando el aspirante les entrega la papelería, en breve tiempo le responden que ya se lo autorizaron y le piden un porcentaje en efectivo. El cliente paga y le dicen que en tres días sale su cheque y que tiene que ir a otra dirección, ahí tiene que firmar solicitudes de crédito ante varios bancos y es donde el cliente se percata de que ellos no son prestamistas, sino gestores. No le dan comprobantes legales. El cheque no sale, ni saldrá. Luego el cliente busca al empleado que lo enganchó para que le reintegre el monto de la comisión y ya es imposible localizarlo.

¿Qué hace la Comisión Nacional de Protección a los Usuarios de los Servicios Financieros, la Condusef? Nada, porque alegan que los defraudadores son gestores o coyotes. ¿Qué hace la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco? Nada porque sus abogados dicen que no hay una empresa de por medio y tampoco un contrato. ¿Qué hace la Procuraduría de Justicia? Nada, porque los fiscales argumentan que las víctimas no tienen suficientes pruebas para formalizar una denuncia.

Pero si esas tres instituciones tuvieran voluntad de actuar, ya hubieran sumado esfuerzos para detener y castigar el fraude.

¿Resultado? Esos coyotes siguen robando, beneficiándose de la autoridad que tolera y se hace de la vista gorda. Recordemos que no sólo por complicidad se peca, sino también por omisión. Qué desgracia.

La pregunta es cuántos sinvergüenzas más estarán robando disfrazados de coyotes y en perjuicio de la sociedad.








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