Prevén que caso Cassez impacte en sistema de justicia penal

Entrevistado en el marco del foro "¿Inclusión o discriminación?" organizado por el Conapred y la organización Ashoka México, puntualizó que lo importante es que hay una análisis de cómo se ven cada uno de los derechos humanos, que tienen que ser respetados. "Eso es justamente lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al revisar el derecho al debido proceso, hay que esperar su resolución. A mí me parece que tiene atribuciones legales para hacer una revisión del caso", agregó. Al preguntarle si fueron violadas la ley y las garantías fundamentales con el montaje para los medios de comunicación sobre la detención de Cassez y otros secuestradores, señaló que es precisamente eso lo que contiene el proyecto del ministro Arturo Zaldívar, que sostiene que por esas acciones pudo haberse vulnerado su derecho al debido proceso. En lo que respecta al asesinato de Agnes Torres, activista por los derechos humanos de la comunidad lésbico, gay, transexual y bisexual ocurrido en Puebla, Bucio Mújica lo consideró un hecho condenable. "Ese crimen, como otros que habido desde hace varios años entre activistas de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual, son absolutamente condenables; muchos de ellos en la evidencia tienen un componente de odio, aunque en la ley no sea posible probarlo", aseveró. El titular del Conapred agregó que los congresos federal y locales deben de hacer una reflexión profunda para tipificar los crímenes de odio. "El odio como motivo es una de las razonas por las cuales se prohíbe la discriminación desde hace décadas, y los homicidios de ese tipo pueden tener ese componente que no está tipificado como tal y no da la posibilidad a darle seguimiento", explicó. A pregunta expresa sobre los procesos electorales y las cuotas de género, el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación indicó que entre más se avance en el nivel democrático más posibilidades hay de que la sociedad en su conjunto esté representada en los puestos de elección popular. El hecho de que haya una distinción grande entre candidatos y candidatas y la totalidad de la población, refleja que no hay un proceso equitativo en la posibilidad de ser votado ni en el ejercicio de la función pública legislativa y ejecutiva de quien gane, expuso, pues posiblemente muchos grupos de la población quedan fuera del radar. "Doy un ejemplo: las personas con discapacidad que requieren de accesibilidad a la información, lengua de señas o braille difícilmente tendrán posibilidad de enterarse de cuáles son las ofertas de los partidos políticos en este proceso", comentó el presidente del Consejo. "Los partidos tienen interés en ser escuchados, pero no hacen accesible su comunicación con todos y es muy posible que en el ejercicio de la función, esos grupos queden nuevamente rezagados de la inclusión al desarrollo", concluyó Ricardo Bucio.

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