AFP - El informe -que se constituye en el primer catastro oficial desde el sismo- señala que de esa cifra, el Estado tendrá que costear 9, 330 millones de dólares; la compañías de seguros 4, 921 millones; el sector privado 7.805 millones, mientras que el país dejará de producir 7, 606 millones como consecuencia de los daños producidos por la catástrofe.
Los sectores más afectados por el movimiento telúrico son los de vivienda, educación y salud. El sismo y el tsunami, que golpearon especialmente las sureñas regiones de Biobío y Maule, dejaron hasta ahora un saldo oficial de 452 personas muertas y casi un centenar de desaparecidas.
En vivienda, el gobierno calcula daños por 3, 943 millones de dólares, de los cuales el 82% serán asumidos por el Estado. Todavía en las zonas de desastre miles de personas viven en carpas mientras se acelera la construcción de unas 40, 000 viviendas temporales, según el informe.
En educación, el gobierno calcula 3, 015 millones de dólares en daños, un 51% en el sector público. Un total de 4, 013 escuelas fueron afectadas por el terremoto.
El gobierno evalúa que hay 62 hospitales que requieren reparaciones, de los cuales 8 de forma estructural. El costo estimado para reparar los daños es de 2, 773 millones de dólares, principalmente por problemas en la infraestructura hospitalaria.
Los daños se extienden también al sector energético (1, 600 millones de dólares) y a la infraestructura (1, 458 millones entre puentes, autopistas y agua potable).
En el sector productivo, las pérdidas en agricultura se calculan en 39 millones de dólares, y la misma cifra en el sector pesquero, que reporta 4, 223 embarcaciones dañadas y 26, 923 pescadores damnificados.
El gobierno del presidente Sebastián Piñera, que inició funciones el pasado 11 de marzo, no ha señalado aún cómo financiará la reconstrucción.
Sin embargo, la semana pasada, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró que la idea aumentar impuestos "no se ha descartado" y podría implementarse al lado de otras medidas como el endeudamiento externos. Igualmente el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, señaló como otra posibilidad un aumento en el canon a la minería del cobre, que es la principal industria de Chile. Pero varios parlamentarios, incluso algunos oficialistas como Evelyn Matthei, han señalado que no aprobarán un alza de impuestos y que están en contra de gravar empresas, ya que ello podría repercutir en una pérdida de empleos y de competitividad.
En cuanto a echar mano de las reservas, el presidente Piñera señaló la semana pasada que existe una "estrechez presupuestaria", dado que en 2009 el gobierno (en ese entonces bajo el mando de Michelle Bachelet) debió gastar más de lo previsto para paliar la crisis financiera internacional.
Según medios locales, el mandatario señaló en privado a senadores de su conglomerado político que prefería reasignar gastos que recurrir a préstamos o utilizar las reservas. De hecho, ya la semana pasada el gobierno entregó fondos por 111 millones de dólares, reasignados de otros rubros.
Esta redistribución de gastos generó este mismo miércoles reacciones contrarias del presidente del Senado, el opositor Jorge Pizarro. "Encuentro muy complicada la arbitrariedad y el excesivo autoritarismo en la forma como se están reasignando los recursos sacándolos de regiones del país que no fueron asoladas por esta catástrofe, para traspasarlos a las zonas más damnificadas", dijo.
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